Penal Cordillera

El Centro de Cumplimiento Penitenciario Cordillera,[1]​ más conocido como Penal Cordillera, fue un complejo penitenciario chileno, ubicado en la comuna de Peñalolén, Santiago, donde estaban detenidos, de forma exclusiva, oficiales militares implicados en violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura militar de Augusto Pinochet.Fue creado en 2004 por decreto del presidente Ricardo Lagos para descomprimir el penal de Punta Peuco.Una entrevista pública realizada el 10 de septiembre a Manuel Contreras, recluso en este penal, generó indignación pública; esto, junto con los privilegios especiales que tenían los reclusos, además del costo de mantener un recinto con 38 gendarmes para 10 presos,[3]​ influyeron a que el presidente Piñera anunciara el cierre del recinto y el trasladado de los reclusos a Punta Peuco, el 26 de septiembre de 2013.[4]​ El traslado se concretó la madrugada del 29 de septiembre.[5]​ En septiembre de 2013, contaba con una población de diez reclusos, distribuidos en cinco cabañas que cuentan con servicios higiénicos, duchas, agua caliente, luz natural y buena ventilación, catalogadas como "bien equipadas" de acuerdo a una inspección efectuada por el Poder Judicial.