Desde entonces, como nuevo perseguido político del gobierno venezolano, tuvo que resguardarse junto a sus compañeros en una sede diplomática,[3] mientras que Roberto Abdul,[4] presidente de la ONG Súmate, quien también estaba en Venezuela y fue acusado en la misma trama, estuvo desaparecido y luego en manos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), donde le fue imputado, además, el delito de terrorismo.
[15] A raíz del cuestionado resultado de la elección presidencial del 28 de julio, un grupo de nueve países conformado por Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay se pronunció en un comunicado conjunto exigiendo transparencia por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE)[16].
Esto trajo como consecuencia que el gobierno venezolano ordenara la salida del país del personal diplomático de esos países y del regreso a Venezuela de sus diplomáticos destinados en esas naciones.
En los días previos a esa confirmación, Urruchurtu denunció el permanente asedio contra la sede, que incluía el corte del suministro eléctrico y la presencia de patrullas policiales con la intención de ingresar al recinto diplomático,[21]en flagrante violación del derecho internacional y de asilo, para detener a los asilados perseguidos por el gobierno de Venezuela.
Actualmente, Urruchurtu y el grupo de asilados aguarda por los salvoconductos que les permita la salida segura del país.