Los coroners están obligados por ley a poner en conocimiento de la policía cualquier información o prueba sobre la sospecha o certeza de un crimen.
La investigación se limitó inicialmente a la premisa general de una presunta conspiración, aunque finalmente se amplió para cubrir todas las denuncias asociadas hechas a través de los medios de comunicación así como en presentaciones legales y en correspondencia formal.
Así mismo, los agentes contaron con la colaboración de expertos en accidentes del Transport Research Laboratory (TRL).
La policía británica llevó también a cabo una investigación en París.
El material fue sustancialmente divulgado a las personas interesadas y los equipos legales.