Neutralidad tecnológica
La neutralidad tecnológica es el requisito de imparcialidad exigible a la Administración Pública con los bienes y servicios informáticos.
Esto es de suma importancia, debido a que no solo puede excluir tecnologías existentes, sino quedar obsoletas en un periodo relativamente corto."
Existe el debate sobre si la neutralidad tecnológica aplica a internet, la discusión se centra en el concepto Derechos digitales y los problemas que contrae.
Se ve como fuera del control humano, cambiando bajo su propio impulso y la sociedad 'a ciegas' le da forma.
Esta perspectiva puede deber algo a la aparente autonomía de mecanismos tales como un reloj.
Las grandes empresas que busquen incrementar sus beneficios, tenderán a constituir con otras empresas de su sector un oligopolio o, cuando son lo suficientemente grandes, un monopolio con tres fines destacados: La existencia de los monopolios u oligopolios es perjudicial para los consumidores puesto que encarece los productos.
El dominio del mercado informático por parte de empresas como Microsoft es sin duda muy rentable para sus accionistas -el mayor accionista de esa empresa, Bill Gates es según la revista Forbes el hombre más rico del mundo- pero resulta preocupante, ya que la experiencia muestra que cambio tecnológico y monopolio son conceptos contradictorios.
Ante una situación obvia de desequilibrio, ¿debe la Administración Pública intervenir favoreciendo o desfavoreciendo a un proveedor en relación con otros?
La ya citada Sherman Antitrust Act, venía a corregir una situación desequilibrada en nombre de la libertad del mercado, y se aplicó contra la Standard Oil.
Así, principios como libre concurrencia o libertad de mercado, eran invocados por ambas partes en sentido radicalmente contrario.
El ejemplo anterior nos ayuda a entender mejor por qué la misma expresión, neutralidad tecnológica, se ha usado en planteamientos distintos: En general, el concepto de Neutralidad Tecnológica se entiende en Europa como el derecho a la libre elección de tecnología, para cada caso o compra concreta, por parte de Administraciones Públicas o Ciudadanos, que deberán escoger la mejor opción disponible por el coste total del mismo ("value for the money on a case by case basis").
Lo anterior es incompatible con las reglas de libre mercado que rigen en las economías occidentales, y se da con más frecuencia en países totalitarios como Cuba o China.
Por otra parte, en España son de aplicación las mismas normativas comunitarias en ese sentido.
