Moratoria nuclear

Esta moratoria finalizó en 1997, pero la construcción de nuevas centrales nucleares requiere la aprobación previa del Gobierno en Consejo de Ministros, por lo que sigue siendo una decisión política.

Debido a esta moratoria, en España la factura eléctrica incluyó entre 1996 y 2015 un canon o sobrecargo para las grandes compañías eléctricas en compensación por los enormes gastos que realizaron para empezar a construir centrales nucleares que luego no se terminaron de construir al rescindir el Estado los permisos de manera unilateral.

A esta le siguieron Garoña, Vandellós I, Ascó, etc., propiedades todas ellas de las grandes eléctricas del país (Unión Fenosa, Iberdrola y Endesa).

Tras la llegada del PSOE al poder, en 1982, se suspendieron los ambiciosos programas de energía nuclear ya que la presión social había hecho incluir esta suspensión en el programa electoral de ese partido, entre otros.

[6]​ El plazo durante el que esa moratoria debe permitir recuperar las inversiones realizadas es de 25 años a partir de 1995 (esto es, hasta el año 2020).

La primera pone el énfasis en los movimientos ecologistas, que en aquella época tenían una fortaleza creciente y eran marcadamente antinucleares tras el accidente de Three Mile Island[10]​ y más aún tras Chernóbil (aun cuando hay que tener en cuenta que este accidente fue posterior a la moratoria).

[11]​ En palabras posteriores del presidente que impuso la moratoria en España, Felipe González, esta se produjo por "dos razones: la seguridad y el agobio y sobrerresponsabilidad" que suponía la imposibilidad de eliminar los residuos radiactivos.