Cuando se inició el conflicto europeo el 28 de julio de 1914, España era un país económicamente atrasado, con solo el País Vasco y Cataluña con una industria importante, un país que tras el Desastre del 98 y el posterior tratado con Alemania en 1899 había liquidado su antiguo imperio colonial (Cuba, Filipinas y Puerto Rico), estaba moralmente destrozado, con el sistema de gobiernos del «turno» cuestionado, con un ejército que se encontraba anticuado, casi sin armada naval, y con el problema de Marruecos que desembocaron en crisis y huelgas como la Semana Trágica en 1909.

Además, España no pertenecía a ninguno de las dos alianzas europeas enfrentadas.

El gobierno conservador de Eduardo Dato decidió mantener a España neutral, compartida por la mayoría de la clase dirigente, y tal y como afirmaba Manuel Azaña, la decisión «era una neutralidad forzosa, impuesta por nuestra propia indefensión».

Sin embargo, la inflación se disparó mientras que los salarios crecían a un ritmo menor y se produjeron carestías de los productos de primera necesidad, como el pan, lo que provocó motines de subsistencias en las ciudades y crecientes conflictos laborales protagonizados por los dos grandes sindicatos, CNT y UGT, que reclamaban aumentos salariales que frenaran la disminución de los salarios reales debido a la inflación.

[5]​ No obstante, la realidad impedía desentenderse del problema y se buscó una solución más eficiente, creándose una Comisaría general de Abastecimientos.