En España, la medicina forense se ejerce y desarrolla directamente en la administración de justicia.
La medicina forense propiamente dicha es ejercida por los miembros del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, médicos que dependían orgánicamente del Ministerio de Justicia hasta que, entre marzo de 1996 (a Cataluña y País Vasco) y diciembre de 2008 (a Asturias) se han transferido a las comunidades autónomas las competencias del personal al servicio de la Administración de Justicia (incluidos los médicos forenses), restando todavía algunas que no han recibido dicha transferencia (Islas Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Región de Murcia y La Rioja), en las que los médicos forenses siguen dependiendo del Ministerio de Justicia.
No obstante, los Institutos de Medicina Legal están todavía comenzando su rodaje e incluso hasta la fecha resta uno, el de Madrid, que está creado sobre el papel pero sin entrar en funcionamiento.
En su trabajo, emiten los informes que les son requeridos sobre cualquier materia médica que pueda ser de interés para jueces y/o fiscales.
De forma más concreta, sus dictámenes incluyen las siguientes materias: En resumen, el trabajo del médico forense consiste en interpretar los hechos médicos implicados en cualquier procedimiento judicial y traducirlos a un lenguaje que sea útil para jueces, fiscales y abogados.