Masacre de Capilla del Rosario

El hecho dio lugar a una causa penal en la que se juzgó a Carlos Eduardo Carrizo Salvadores, Mario Nakagama y Jorge Exequiel Acosta —exintegrantes del Regimiento de Infantería Aerotransportado 17 del Ejército Argentino—.En 2008 fueron encontrados culpables en el juicio, pero en 2016 la Cámara Nacional de Casación negó que se hubieran probado los hechos, excluyó que pudieran considerarse delitos de lesa humanidad y absolvió a los acusados.En ese lugar hicieron contacto con las unidades locales, quienes llegaron con los uniformes militares[1]​ y el armamento que sería utilizado en el operativo.Allí se produjo un primer enfrentamiento armado, que finalizó cuando los guerrilleros disfrazados como soldados del Ejército Argentino[3]​ lograron reducir al grupo policial, este combate dejó como saldo dos militantes muertos,[4]​ uno gravemente herido[5]​ y dos policías heridos.[6]​ Una vez descubierta la presencia de la guerrilla en Catamarca, el mando del ERP ordenó la retirada.El domingo 11, tras una intensa búsqueda, fueron apresados nueve guerrilleros, incluyendo el que había resultado gravemente herido durante el primer enfrentamiento.Cinco miembros del grupo guerrillero fueron enviados a conseguir alimentos, vigilar los movimientos de las tropas enemigas y conseguir vehículos para el repliegue, todos ellos fueron apresados.Al mediodía llegaron al lugar 60 soldados comandados por un oficial, apoyados por cuatro aeronaves,[8]​ y se produjeron varios combates y finalmente resultaron muertos todos los guerrilleros.[9]​[10]​ Los fusilados identificados fueron Antonio del Carmen Fernández, Hugo Cacciavillani, Rutilio Betancour, Luis Roque López, Rogelio Gutiérrez, José María Molina, Mario Héctor Lescano, Juan Carlos Lescano, Juan Olivera, Roberto Jerez, Héctor Moreno, Luis Billinger, Raúl Sianz y Pedro Urbano.[12]​ Conocidos los sucesos, la oposición política al justicialismo cerró filas en apoyo del gobierno en tanto se resquebrajaron los vínculos de Santucho con sus aliados debido al nivel de violencia guerrillera.[29]​ En el fallo, los jueces de casación dictaminaron que los hechos no podían constituir crímenes de lesa humanidad; que la acción militar fue ordenada durante un gobierno de autoridades legítimas y que se dispuso en la emergencia recién cuando las fuerzas policiales habían sido superadas y que no es posible afirmar con certeza y más allá de toda duda razonable si verdaderamente se produjo el fusilamiento.