Además, en su dirección, Costa Rica fue el país sede del Primer Congreso Interamericano de Defensorías Públicas en el año 2003.
Cuando Tomayko huyó hacia Costa Rica ingresó con visa de turista y venía acompañada de Alexandria y su otra hija Chandler Tomayko, quien en aquel momento tenía 10 años.
Finalmente Tomayko fue puesta en libertad y liberada del proceso de extradición mediante una resolución dictada por la Sala Constitucional gracias a un recurso interpuesto por la Defensa Pública.
La funcionaria citó tres aspectos del texto que, en su criterio, pueden tener roces con la Constitución Política y los derechos humanos.
Esta ley, además, crea un programa de protección para víctimas, testigos y demás intervinientes del Poder Judicial.
También aumenta penas en gran cantidad delitos y limita el uso de la conciliación, entre otras reformas.
Actualmente, solo reciben ese servicio médico si lo piden con anticipación en hospitales de la capital o clínicas cercanas.
Una indígena de la etnia ngäbe, quien no entendía español y fue condenada a 13 años de cárcel por un homicidio en un proceso abreviado, pide su libertad tras alegar que no comprendió la acusación ni la sentencia.
En el alegato, preparado por Marta Iris Muñoz, jefa de la Defensa Pública, ella insiste en que durante el juicio abreviado no comprendía “muy bien” el idioma español y que nunca se le hizo acompañar de un traductor.
Marta Iris Muñoz presentó un recurso de revisión de la sentencia en el cual argumentó que Olivia Bejarano no sabía hablar ni entendía el idioma español y que durante el proceso penal no contó con un traductor o intérprete.
Además, presentó una solicitud de indulto ante el Consejo de Gobierno, fundamentada en que la mujer recibió un trato discriminatorio y que se le debe respetar el entorno cultural al cual pertenece.
Muñoz afirmó que los procedimientos seguidos por la Fiscalía son reiterativos y tienen como objeto amedrentar a los profesionales de la Defensa Pública en el correcto ejercicio del derecho de defensa y el debido proceso.
La Sala IV condenó al Estado al pago de costas, daños y perjuicios causados y se ordenó comunicar este caso a la Inspección Fiscal para que realice una investigación de los hechos denunciados.
Además bajo la dirección de Marta Iris Muñoz, UNICEF le otorgó a la Defensa Penal Juvenil un reconocimiento por la labor ejercida en la defensa de los jóvenes en conflicto con la Ley Penal Juvenil.
Así mismo,se ha reconocido a la Defensa Penal Juvenil de Cartago y Defensa Pública de Guápiles con dos buenas prácticas para que sean replicadas al concederles los Primeros Premios.