Participó en la visibilización de un fenómeno social sin precedentes: las desapariciones y los feminicidios en Ciudad Juárez.

En ese periodo formó parte de la campaña Por la Vida de las Mujeres, Ni una Muerte Más que promovía la Red Feminista Latinoamericana y del Caribe Contra la Violencia Doméstica y Sexual.

Se integró como promotora joven, impulsando a reflexionar sobre las vivencias de las nuevas generaciones y su sexualidad.

En los años siguientes, bajo su liderazgo, el Observatorio elaboró dos informes que se utilizaron como evidencia en la sentencia de Campo Algodonero.

En 2012 colaboró con las expertas de la Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) para lograr que las recomendaciones emitidas al Estado, fueran concretas y contundentes en el tema del feminicidio.