La causa fue archivada y recibió muchas críticas del entorno de la lucha contra ETA.
[5] Cesó en diciembre, tras el nombramiento de Julián Sánchez Melgar como fiscal general.
[7] Cesó el 26 de febrero, al ser nombrada fiscal general Dolores Delgado.
[9] En este informe, la fiscalía solicitó al Alto Tribunal que inadmitiese las querellas contra el Gobierno al no encontrar encaje penal de los actos denunciados con los delitos recogidos en el Código Penal.
[11] Según Navajas, entre los fiscales que le mostraron su descontento estaría la exfiscal general del Estado, Consuelo Madrigal.