El liquidador es designado por una decisión judicial para reemplazar a los directores anteriores de una empresa.
En España, el 95%[1] y en Francia el 97% de las empresas concursadas termina en liquidación concursal (éstas no se recuperan).
«Los requisitos para ejercerla son prácticamente nulos», explica Diego Comendador, vicepresidente de la Asociación Profesional de Administradores Concursales (Aspac) y socio del despacho que también lleva su nombre.
La finalización exitosa de dicho examen no garantiza el acceso a la profesión, ya que el solicitante debe registrarse en una lista elaborada por la comisión nacional de registro y disciplina.
Dichas inscripciones también están sujetas a la opinión del Consejo Nacional de la profesión.
En Francia el rol del liquidador judicial está definido por el código de comercio.