Ley trans (España)

Desde 2009, diferentes comunidades autónomas han aprobado leyes que regulan y protegen los derechos de las personas LGBT, aunque solo ocho reconocen la autodeterminación del género en su legislación regional.Las siguientes comunidades que aprobaron leyes que reconocían este derecho fueron Extremadura en 2015, la Comunidad de Madrid, Illes Balears y Región de Murcia, todas en 2016, y Aragón en 2018.En 2017 la Comunidad Valenciana aprobó una ley trans comunitaria donde se protegía específicamente a este colectivo; al año siguiente, en 2018, las Cortes Valencianas aprobaron una ley que establecía el derecho a «una autodefinición con respecto a su sexualidad, incluyendo cuerpo, sexo, género, orientación sexual, identidad de género y expresión de género».[14]​ Siguiendo esta línea, Dinamarca se constituyó en 2014 como el primer país en aprobar legislación en este sentido.[15]​ En España, a nivel autonómico, se aprobó ese mismo año una ley en el Parlamento Andaluz —promovida por la asociación andaluza ATA-Sylvia Rivera— que garantizaba el derecho a la autodeterminación del género y que fue celebrada por el colectivo trans como un paso favorable hacia «despatologizar la transexualidad».En el año 2015 y más tarde a través del dictamen Una Unión de la igualdad: Estrategia para la Igualdad de las Personas LGBTIQ 2020-2025, la Unión Europea recordaba que aspectos como el cambio de sexo registral debían permitirse a cualquier edad sin exigir peritación médica o judicial.[23]​ Algunas figuras del propio partido, sin embargo, expresaron públicamente su desaprobación ante el comunicado: Carla Antonelli, entonces diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid, afirmaría que no se sentía representada por un documento «envuelto en seda no emanado de ningún congreso».[35]​[36]​[37]​ Esta decisión del partido socialista provocó que la Federación Plataforma Trans exigiese nuevamente al PSOE el desbloqueo del proceso legislativo o que sus miembros se abstuviesen «de enarbolar la bandera LGBT» y que no participasen en el Orgullo de Madrid de ese año.[45]​ El 21 de septiembre de 2022, los partidos políticos Vox y Partido Popular presentaron enmiendas a la totalidad[nota 2]​ sobre la Ley trans y la reforma del derecho al aborto.[53]​ El 28 de noviembre, sin embargo, la ministra de igualdad afirmó en unas declaraciones para RTVE que el PSOE «no [quería] un acuerdo para la Ley Trans» y que había llevado la norma a «una tramitación muy difícil».Tras este suceso, representantes del PSOE afirmaron que desde el partido no se intentaría volver a modificar ese aspecto de la ley en el futuro.[68]​ ERC, por otro lado, presentó un total de 102, buscando ampliar protecciones para personas asexuales y no binarias.[68]​ Otras formaciones políticas como PNV, Ciudadanos y Geroa Bai también presentaron enmiendas a la ley.[nota 3]​[61]​[73]​ Para menores de 12 años, la ley admite «que hay niños más pequeños que sienten con claridad una identidad sexual propia diferente de la asignada en el momento del nacimiento y la demora en la adopción de medidas en esos casos puede tener un efecto perjudicial en su desarrollo personal», propiciando ambigüedad jurídica.[79]​ Para los casos entre 14 y 16 años en los que exista desacuerdo entre los representantes legales, la ley provee el nombramiento de un defensor judicial.La instrucción también especifica que el funcionario debe informar a la persona de las consecuencias jurídicas del procedimiento, y que la solicitud debe ratificarse en dos ocasiones con tres meses de separación.[78]​[77]​ La ley hace mención explícita en el artículo 46 a la imposibilidad de eludir el régimen jurídico aplicable al sujeto previo a la modificación registral del sexo, describiendo que aquellos delitos realizados previamente a esta modificación tendrán carácter legal y aplicación posterior:[81]​[82]​ La ley también prohíbe las terapias de conversión, por ser consideradas carentes de cualquier base científica.[80]​ Las multas previstas para quien realice este tipo de terapias transgrediendo la ley se encuentran entre los 10 000 y los 150 000 euros.Entre ellas, establece que los menores trans deberán ser tratados «conforme a su identidad» en el ámbito educativo, y provee medidas contra el acoso de este tipo.[90]​ Tras su aprobación, el partido declaró que no la recurriría al Tribunal Constitucional, pero prometió, de nuevo, su futura derogación.[91]​[92]​ Algunas asociaciones feministas, representadas a través de figuras mediáticas como Lucía Etxebarría o Ángeles Álvarez y englobadas dentro del feminismo transexcluyente, se opusieron a la ley.[95]​ Algunos medios relacionaron su sustitución y salida del gobierno en junio de 2021 con su firme antagonismo a la reforma en los meses anteriores y la división que esto pudo provocar entre los sectores feministas de su partido.[109]​[110]​ El índice anual Rainbow Europe de 2023 situó a España en el puesto número 4, un avance desde el puesto 10 del año anterior, por haber introducido «una ley integral que regula el reconocimiento legal del género basado en la autodeterminación, [prohíbe] las mutilaciones genitales en menores intersexuales, las llamadas terapias de reconversión y la discriminación basada en la orientación sexual, la identidad de género y las características sexuales».