Facultaba al gobierno nacional a donar tierras conquistadas durante la campaña del desierto con el fin de promover la maximización del rendimiento en la agricultura evitando la acumulación del Latifundio.
[1] La entrega de tierras tenía un máximo de 625 hectáreas[2] y se debía entregar a aborígenes y gauchos de escasos recursos.
[3] Fue elaborada a imagen y semejanza de una ley dictada en Estados Unidos.
Su aplicación en la práctica no resultó, pues los terratenientes y otros factores de poder de la época inclinaron la distribución de tierras en función de sus propios intereses.
Otros factores que llevaron al fracaso de esta ley fueron: Entre las consecuencias positivas de esta ley, se puede resaltar la de haber sido un antecedente importante para la inmigración en Argentina que favoreció a la población de la Patagonia, como ser la inmigración bóer.