En esta situación, el convencional Bertrand Barère propuso "purgar las prisiones".
Este proyecto de ley fue presentado como una democratización dirigida a poner en pie de igualdad a aristócratas y ricos con respecto al pueblo, al hacer imposible a los primeros librarse de un proceso judicial gracias a recursos legales como la apelación de sentencias o presentando pruebas en su defensa.
La definición de "enemigos del pueblo" de la nueva ley resultaba tan vaga que en la práctica cualquier individuo podía ser incluido en un juicio, ya que bastaba con "inspirar el desánimo", o incitar a la "depravación de las costumbres" o "alterar la pureza y la energía de los principios revolucionarios", para ser acusado de un delito contra la Revolución, sin que tales expresiones genéricas fueran jamás precisadas.
De hecho, el Tribunal Revolucionario se constituyó en supremo órgano ante el cual no cabía apelación y que podía pronunciar su veredicto con base a simples presunciones morales sobre la conducta presente (o pasada) que se atribuyera al acusado.
La gravedad de suprimir cualquier garantía a los acusados no pasaba desapercibida ni siquiera a los más radicales defensores del Terror: así, Saint Just reconocía que "Todo lo que está ocurriendo es horrible, pero necesario".