Sin embargo, décadas más tarde, el desarrollo del país y las demandas de nuevos grupos sociales sobrepasaron esta normativa:[2] El magisterio llamaba a reformar la educación chilena a través de un nuevo cuerpo legal que normara el deber del Estado en el cumplimiento y funcionamiento de la instrucción primaria obligatoria.
Además se podría acceder a un cuarto grado de educación vocacional donde se enseñaría agricultura, minería industrias manuales y comercio, cuya duración podía variar de uno a tres años.
[5] La ley establecía que en toda comuna debía haber una escuela primaria para cada género por cada mil habitantes.
[2] La nueva normativa permitió un avance en la educación chilena y mejoró los niveles de escolaridad.
Sin embargo, este avance dio lugar a un nuevo desafío: reformular y reestructurar el funcionamiento estatal de la educación para que estas disposiciones efectivamente se cumplieran.