[2]​ El proyecto contiene poco más de 250 artículos que plantean reformas administrativas, económicas, financieras, laborales, fiscales y previsionales.

[4]​ El proyecto de ley fue enviado al Congreso, luego de la emisión del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, para sancionar o reformar sectores que no son facultad del poder ejecutivo ya que la Constitución establece que sólo el poder legislativo puede sancionar impuestos, reformas electorales y del Código Penal.

Se faculta al Poder ejecutivo nacional a realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos, hasta que se aplique una fórmula automática.

Con una minoría oficialista notable en el Congreso —38 diputados sobre 257 totales y 7 senadores sobre 72—, el Gobierno se vio obligado a negociar el contenido de la ley con los partidos Propuesta Republicana (PRO), la Unión Cívica Radical (UCR) y Hacemos Coalición Federal —un bloque que reúne legisladores peronistas federales, republicanos, entre otros—.

Luego se procedió al tratamiento en particular donde se aprobaron todos los artículos, pero con algunas modificaciones, el proyecto volvió a diputados para su última revisión, Con 147 votos afirmativos, fue aprobada en general.

[43]​ Para apoyar el paro general se realizaron movilizaciones internas en ciudades de las provincias de Salta, Mendoza, Santa Fe, San Luis, Buenos Aires y Río Negro, y en el exterior en ciudades de países como Francia, Italia, Reino Unido, Países Bajos, Bélgica, España, Alemania, Uruguay, Brasil, México, Paraguay, Chile y Bolivia.

[44]​[45]​[46]​[47]​[48]​ Según la opinión del vocero presidencial, Manuel Adorni, el acatamiento al paro es considerado por el Gobierno como "muy bajo".

[58]​[59]​ Los incidentes en la marcha opositora fueron calificados como “sedición” y “golpe de Estado” por parte del Gobierno, que felicitó la represión llevada a cabo.

[60]​[61]​ El 14 de junio se detuvieron a 33 personas en los incidentes, los cuales son activistas sociales, estudiantes universitarios, delegados gremiales y un vendedor ambulante.

Los presuntos delitos que se marcaron fueron resistencia a la autoridad, lesiones, daños y atentar contra el orden constitucional.