Entre 1994 y 1996, fue reabierto en tres ocasiones para incorporar nuevas pruebas periciales que retrasaron el inicio del juicio.
Como consecuencia, García renunció a su abogado, retirándose así como parte de la acusación, pues consideraba que, en esas condiciones, el juicio era «una pantomima».
Desde las diez de la mañana, los abogados verificaron que todos los objetos estaban presentes, desmintiendo así la afirmación de Fernando García, quien había sostenido que la Guardia Civil había perdido o destruido pruebas relevantes.
Las demás partes consideraron que estos elementos no eran relevantes para el caso y se opusieron a cualquier aplazamiento.
Este informe, basado en un análisis con láser, generó controversia porque Frontela no había comunicado previamente al tribunal que estaba pendiente de realizar estas pruebas.
Este manifestó su descontento con la "obsesión investigadora" de la acusación particular y advirtió que no permitiría retrasos injustificados en el juicio.
Además, en un intento de construir una coartada, declaró que la noche del crimen estuvo en Catarroja con un amigo, pero su relato fue inconsistente y no ofreció pruebas convincentes.
Cuando le mostraron la moqueta que envolvía a las niñas, negó haberla visto nunca, contradiciendo sus declaraciones previas.
Según Frontela, esta falta de manchas violáceas podría indicar una fuerte hemorragia o que los cuerpos estuvieron sumergidos en agua.
También argumentaron que cualquier alteración o doble enterramiento de los cadáveres dejaría rastros inconfundibles.
Además, insinuó, en sintonía con Fernando García (padre de una de las víctimas), que el crimen podría haber sido una “puesta en escena” para un supuesto espectador sádico, aunque tampoco presentó evidencia que apoyara esta hipótesis.
Fernando Verdú, portavoz de los forenses valencianos, concluyó con una declaración tajante: "Una autopsia significa 'yo veo', y eso está reñido con el 'yo imagino'".