Ya en el caso Egunkaria, el Lehendakari Patxi López pidió a los jueces que frenaran su «uso perverso».
Por ejemplo, se admite la defensa de los intereses colectivos y difusos en el proceso, en general (art.
[7] En los últimos años, la jurisprudencia española, en concreto el Tribunal Supremo, ha establecido dos excepciones o matizaciones en el procedimiento abreviado (el más habitual y el que conlleva penas menores de nueve años), bastante cuestionadas: la doctrina Botín y la doctrina Atutxa.
El expresidente del Parlamento Vasco, Juan María Atutxa, fue condenado por el Supremo por un delito de desobediencia a la autoridad judicial por no disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak.
Como era un caso de desobediencia y este es contra los intereses colectivos, podía prosperar aunque solo fuera con la acusación popular: es la conocida desde entonces como «doctrina Atutxa».
Sin embargo, estas actuaciones, por las tensiones internacionales que suelen conllevar, no son demasiado del agrado de los gobiernos y las intentan limitar y eliminar dicho principio, que era una seña de identidad del Derecho desde siempre y, por ende, de la cultura española: el propio Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con el apoyo del Partido Popular y otros grupos, votó una enmienda que hace que los jueces españoles solo puedan abrir causas referidas a otros países cuando sus presuntos responsables se encuentran en España o se aseguren que existen víctimas de nacionalidad española, y solo si otro tribunal internacional o el país afectado no ha iniciado actuaciones.