En sus competencias como consejero de la inquisición, en 1699 fue uno de los miembros del tribunal que estudiaron las acusaciones contra Froilán Díaz, confesor del rey Carlos II.
Ante las sospechas de que el delicado estado de salud del rey fuese debido a un maleficio, Rocabertí y Díaz habían dirigido los exorcismos que a efectos de su curación se efectuaron.
Muerto el inquisidor Rocabertí, su sucesor Baltasar de Mendoza y Sandoval ordenó el arresto y proceso de Díaz por el Santo Oficio bajo los cargos de herejía.
[3] En 1703, con el país envuelto en la guerra de sucesión que siguió a la muerte de Carlos II, el nuevo rey Felipe V ordenó la reapertura del proceso contra Díaz, que culminó en septiembre de 1704 con la liberación de éste, la rehabilitación de todos los miembros del tribunal (incluido Miguélez) y el destierro del inquisidor Mendoza.
[6] En 1715 se le concedió la diócesis de Tortosa, donde murió dos años después.