En el “Memorial ajustado” escrito por Antequera quedaron registrados todos los testigos que comprobaron la veracidad de las imputaciones.

[2]​ La demora también le permitiría trasladar todos sus bienes fuera de la provincia y/o transferirlos a terceros.

[3]​ Durante los ocho meses en que Reyes Balmaceda estuvo prisionero en su domicilio, del cual terminó fugándose en mayo de 1722, las autoridades jesuíticas y el cabildo eclesiástico de Asunción enviaron cartas al Virrey pidiendo por su restitución, sin remitir copias a la Audiencia.

La Audiencia se apoyaba en el “derecho de suplicación”, muy arraigado en la legislación indiana, que permitía oponerse a un mandato superior si el mismo podía acarrear daños mayores a los afectados permitiendo su revisión y/o enmienda para lo cual, interín, se lo declaraba en suspenso hasta su reconsideración mediante un segundo mandato.

Cuando tuvo noticias de que venían 200 hombres para volverlo a prisión, retrocedió y buscó protección en las reducciones jesuíticas al otro lado del Paraná.

La conclusión fue que se acataba la decisión del virrey siempre y cuando no fuese gobernador Reyes Balmaceda por tener causas pendientes con la Real Audiencia ni tampoco un partidario de este como era el caso de García Ros.

Ante la marcha del gobernador hacia Asunción con fuerzas muy superiores, Antequera nombró a Ramón de las Llanas como gobernador interino y en marzo de 1725 abandonó Asunción rumbo a Córdoba del Tucumán donde se refugió en un convento franciscano.

Al finalizar el proceso, que duró cinco años, Antequera fue finalmente condenado a morir degollado.

Antequera recibió dos balazos que provocaron su muerte pero igual fue degollado y el verdugo levantó su cabeza mostrándola al público.