Iniciativa legislativa popular
En el caso de las iniciativas indirectas, la petición es tomada en consideración por el legislativo, quien decide si se convoca o no el correspondiente referendo.[1] En Baviera el derecho de iniciativa popular se encuentra regulado a nivel comunal, distrital y estadual.Los promotores de la petición pueden presentar una demanda contra dicha decisión sin previo trámite.Junto con el proyecto, el primer ministro (gobernador) envía al parlamento sus comentarios a la propuesta en nombre del gobierno.Las iniciativas ciudadanas válidas y admitidas deben ser tratadas por el parlamento durante tres meses y deben someterse a votación del pueblo dentro de los tres meses posteriores a la aprobación por el parlamento.[3] En este país la iniciativa popular está regulada a nivel nacional y provincial.La misma examina la documentación remitida y se pronuncia en el plazo de 15 días sobre su admisibilidad.La comisión promotora puede entablar recurso de amparo contra la no admisibilidad ante el Tribunal Constitucional.Por último, el Estado compensa a los promotores los gastos realizados en la difusión y recolección de firmas, siempre que se alcance el número de firmas requerido y se inicie la tramitación parlamentaria.En el artículo 87.3 de la Constitución Española se establecen algunas prohibiciones sujetas a iniciativa popular: A nivel autonómico, el número mínimo de firmas requerido es el siguiente:[4] País con amplia experiencia en iniciativas populares.Si el proyecto es presentado ante la Asamblea Legislativa con un número de firmas no inferior a 20 000 electores, ambas Cámaras deberán votar por sí antes de finalizada la sesión anual respetando la forma en que fue presentada la petición.Asimismo, para admitir un proyecto de iniciativa popular se deberá presentar una petición por escrito firmada por 100 electores registrados ante el procurador general para su examen.Si el proyecto es sancionado por la Asamblea, ya sea en su forma original o modificado, se lo someterá a referéndum.Comprobadas las firmas, las iniciativas certificadas podrán ser sancionadas o rechazadas por la Legislatura con anterioridad a la finalización de las sesiones ordinarias.También podrán sancionarse y luego someterse a la votación de la población para su aprobación o rechazo en las próximas elecciones generales.El sistema federal mexicano, reconoce la iniciativa popular en los Estados de Aguascalientes, Colima, Durango, Michoacán, Puebla, Veracruz, Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Morelos, Tabasco, Yucatán, Coahuila, Distrito Federal, Guerrero, Nayarit, Tamaulipas y Zacatecas.Estos requisitos serán verificados por la Comisión Especial que se nombre de acuerdo al artículo siguiente.28 y ss. requiere un número mínimo de 50 000 ciudadanos electores para presentar una propuesta en la Asamblea Nacional.Dicha propuesta debe estar formulada de manera explícita para ser discutida en el recinto.Las iniciativas legislativas se inscriben en la Secretaría del Congreso indicando nómina de promotores.Asimismo, durante el tratamiento, la Comisión Principal presenta su informe y se realiza un debate general sobre las disposiciones básicas del proyecto, junto con los informes de otras comisiones y las modificaciones propuestas por los ciudadanos con derecho a iniciativa legislativa.Luego del debate, el Congreso vota, previa confirmación de la Comisión Principal, si aprueba el proyecto y sus modificaciones adoptadas durante la sesión.