[1][2] Era un ingreso modesto pero suficiente para cubrir las necesidades básicas de la vida, garantizado a cada miembro de la sociedad como un derecho y no sujeto a otra condición que la ciudadanía o residencia.
[10][11] Aseguraban que esta medida podría acabar con la pobreza y generar una mayor libertad a la hora de buscar trabajo, porque le permitiría al ciudadano buscar un empleo que sea más acorde con su formación sin verse obligado a aceptar condiciones de trabajo miserables.
El objetivo era garantizar a todos los niños la alimentación básica y asegurarles el mantenimiento en el sistema educativo.
[13] En 2001, Elisa Carrió, que ya había creado el ARI, decidió presentar nuevamente el proyecto de ley de Ingreso Ciudadano para la Niñez, pero éste ni siquiera llegó a tratarse en el Congreso.
Incluso los políticos del ARI llevaron el proyecto a varios obispados buscando el apoyo necesario para promoverlo, sin éxito.
[23][24][4] Tanto la UCR, como el ARI, como Recrear, apoyaban la idea de imponer un sistema de ingreso universal concebido como un derecho, no como una dádiva pero las diferencias aparecían cuando se discutía si el beneficio debía alcanzar a todos, sin importar su condición económica, o sólo a los sectores más empobrecidos.
[25] Pero la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, se opuso, porque no quería que se desmantelaran los planes asistenciales Jefes y Jefas de Hogar, cuestionados por el manejo discrecional, cuyos fondos manejaba el Ministerio a su cargo.
[6][26] En 2010, se volvió a presentar el proyecto del Ingreso Ciudadano para la Niñez (INCINI).
[26][27] A diferencia de la Asignación Universal por Hijo, se sostenía que debían cobrar la totalidad de los niños y niñas argentinos hasta los 18 años, fueran ricos o pobres.