Tras su liberación, Anaya se pronunció sobre las violaciones de los derechos humanos y afirmó que los escuadrones de la muerte, que operaban en El Salvador, estaban comandados directamente por los militares.
Según la declaración de los testigos, tres hombres estuvieron involucrados en el asesinato.
Posteriormente, las pruebas balísticas demostraron que se realizaron seis disparos con la misma arma.
Como protesta, su cuerpo fue colocado frente a la Embajada de los Estados Unidos y luego llevado al Alto Mando del Ejército.
[1] Grupos de derechos humanos nacionales e internacionales al igual que organizaciones civiles expresaron sus condolencias.
Anaya sí era miembro del ERP, pero a diferencia de otros líderes él prefirió una solución pacífica al conflicto.
Dos meses después, la policía detuvo al miembro del ERP Jorge Alberto Miranda Arévalo.
Las acusaciones contra el ERP fueron negadas tanto por la viuda de Anaya como por la CDHES.