Esta lucha por el respeto de los derechos humanos es en muchos países una actividad de alto riesgo y los grupos e individuos que se comprometen en esta vía suelen ser el objetivo prioritario de autoridades y de grupos privados que recurren a desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias, detenciones arbitrarias o a la tortura, para hacer que callen.
[1] Varias organizaciones no gubernamentales (ONG) tienen programas específicos para las personas activistas en la defensa de derechos humanos.
Por ejemplo, la Organización Mundial Contra la Tortura o Amnistía Internacional.
La Declaración no es legalmente vinculante, pero articula los derechos establecidos por los tratados de derechos humanos existentes y los aplica a las personas defensoras de derechos humanos para legitimar su trabajo y ampliar la protección de las personas defensoras.
La Declaración también asigna la responsabilidad de proteger los derechos humanos a nivel individual y especialmente a las personas en profesiones que pueden afectar los derechos humanos, como los encargados de hacer cumplir la ley, operadores de justicia, etc.