Fuerzas de Autodefensa de Japón

Durante la mayor parte del periodo de posguerra estas fuerzas estuvieron confinadas a las islas de Japón por decreto y no se les permitía desplegarse en el extranjero.

agencia similar al Estado Mayor Conjunto de otras fuerzas armadas).

Todo el personal adscrito a las Fuerzas de Autodefensa son técnicamente civiles: los uniformados son funcionarios especiales y están subordinados a los funcionarios civiles que dirigen el Ministerio de Defensa.

Las pruebas realizadas por Corea del Norte con su misil balístico Taepodong-1 sobre espacio aéreo japonés[9]​ en agosto de 1998 así como otras sucesivas[10]​ junto con otros asuntos han llevado a una escalada de tensión entre ambos países[11]​ que a su vez ha provocado un aumento del interés por parte de Japón en desarrollar un sistema antimisiles balísticos.

[14]​ Tras los varios incidentes diplomáticos en la región, el gobierno japonés aprobó una resolución por la cual las fuerzas armadas podrán desplegarse en el extranjero si se necesita acudir en ayuda de sus aliados o socorrer a nacionales que se encuentren en apuros fuera de las islas.

[15]​ En 1976, el primer ministro Takeo Miki anunció que el gasto en defensa debería mantenerse dentro del 1% del Producto interno bruto (PIB) de Japón,[16]​ un techo que se observó hasta 1986.

[18]​ A partir de 2011, Japón tiene el octavo presupuesto militar más grande del mundo.

[21]​ La actuación del Ejército Imperial Japonés que terminó con la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial supuso un profundo y duradero impacto en la actitud de la nación hacia todo lo relacionado con guerras, fuerzas armadas e intervenciones militares en política.

Esta "desmilitarización forzosa" no siempre contó con el beneplácito de los japoneses, y se realizaron sonadas acciones de protesta contra una política que presumiblemente humillaba a la nación derrotada en la Segunda Guerra Mundial.

El trauma del ataque nuclear estadounidense produjo gran terror en el pueblo, terror que acompañó a la Constitución de 1947 redactada por las autoridades estadounidenses y en la que, en su Artículo 9, la nación japonesa renunciaba para siempre al empleo de la guerra como medio de resolución de conflictos internacionales y declara que Japón nunca volverá a mantener "fuerzas terrestres, marítimas o aéreas ni ningún otro potencial militar".

De acuerdo con los términos del Tratado de Cooperación Mutua y Seguridad entre los Estados Unidos y Japón, ratificado en 1952 con el tratado de paz que Japón había firmado con los Estados Unidos y otros países, las fuerzas estadounidenses establecidas en Japón tenían la obligación de afrontar cualquier agresión externa contra Japón, mientras que las fuerzas japonesas, tanto terrestres como marítimas, deberían intervenir en los problemas internos y desastres naturales.

A medida que Japón percibía la posibilidad de recibir crecientes amenazas del exterior sin contar con fuerzas adecuadas para combatirlas, las Fuerzas Nacionales de Seguridad experimentaron un gran desarrollo que desembocó en importantes problemas políticos.

Pese a todo, en 1954 se constituyeron tres fuerzas separadas de tierra, mar y aire con propósitos estrictamente defensivos sujetas al mando del primer ministro.

Aunque la posesión de armas nucleares no está explícitamente prohibida en la constitución, Japón, como única nación en el mundo verdaderamente consciente de la devastación provocada por los ataques nucleares, no tardó en expresar su repulsa hacia las armas nucleares y su intención de no adquirirlas jamás.

Sin embargo, a causa del alto nivel tecnológico del país y la gran cantidad de centrales nucleares operativas, Japón suele ser considerado un país "nuclearmente capacitado"; por ejemplo, podría desarrollar un arma utilizable en un corto período en caso de que la situación política cambiase de forma signficativa.

Las Fuerzas Terrestre y Marítima comparten el uniforme de campaña, parecido a su vez al utilizado por el Bundeswehr alemán solo que con tonos más ligeros de marrón y verde; por su parte la fuerza aérea tiene su propio camuflaje consistente en un patrón marrón y ocre similar al utilizado por las Reales Fuerzas Armadas Neerlandesas.

De las grandes naciones asiáticas, solamente India e Indonesia poseen una tasa más baja.

Las condiciones del servicio actual suponen menor dignidad, prestigio y comodidad que las del servicio prestado antes de la Segunda Guerra Mundial, momento en que el militarismo en Japón estaba en su punto álgido y los líderes militares eran considerados personas influyentes no solo en la vida militar sino en todos los ámbitos del Gobierno.

La edad de retiro para los altos oficiales va desde los 53 a los 55 años, mientras que la del resto oscila entre los 50 y 53.

No cuentan con privilegios económicos o comerciales como economatos u otros descuentos.

Según estas directrices, en caso de un ataque limitado y a pequeña escala, las fuerzas japonesas podría responder de forma adecuada y rápida a la situación.

El primer despliegue internacional realizado sin el abrigo de las Naciones Unidas tuvo lugar en 2004.

[22]​ Aunque se había desplegado armados, a causa de restricciones constitucionales, las tropas fueron protegidas por fuerzas australianas.

Basándose en el artículo 9, no estaban autorizados a participar en operaciones de combate.

Por aquel entonces, estando aún fresca la terrible derrota en la Segunda Guerra Mundial, gran parte de la población había dejado de creer que los militares podían mantener la paz o servir a la nación.

Para que este programa fuese bien recibido, tuvo que aceptar la limitación del gasto militar al 1% del PIB y la prohibición de exportar armas y tecnología militar.

Aunque ese programa contó con el respaldo popular, sus objetivos no pudieron ser alcanzados al necesitar superar el gasto militar el 1% del PIB para ello, limitación que seguía siendo del agrado de la opinión pública.

Al principio el Gobierno intentó solucionar el problema mediante el pago diferido, incluyendo únicamente en los presupuestos los costes iniciales del material militar principal.

Una encuesta publicada en marzo de 1987 indicaba que este movimiento supuso un desafío a la opinión pública: solamente el 15% aprobaba la eliminación de ese techo del 1%, mientras que el 61% directamente lo rechazaba.

Especialmente sensibles en cuando al mantenimiento de relaciones con las comunidades cercanas a las bases, las Fuerzas construyeron nuevas carreteras, regadíos y escuelas.