Es la denominación que recibe el Ministerio Público de Uruguay.

Nada tuvo que ver en su origen y primeros años con el Ministerio Fiscal y con la Abogacía del Estado.

Desde su creación el organismo estaría bajo la dependencia del Ministerio de Instrucción Pública, con posterioridad el Ministerio de Educación y Cultura.

[2]​ En el año 2015, con la promulgación de la ley N.° 19.334, se le otorgaría una mayor autonomía administrativa y jurídica, al establecerse como un servicio descentralizado de los tres poderes del Estado.

[3]​ En los 19 departamentos de la República funcionan un total de 33 Fiscalías Letradas Departamentales, que tienen como cometido la actuación penal en todos los delitos, cualesquiera sea su tipificación.