[5][6][3] Fue fundada en 1992 por inmigrantes bolivianos que previamente realizaban ferias en distintos puntos del Gran Buenos Aires.[13][5][14][15] Recibe desde 100 000 personas en un día malo, hasta un millón diarias en su punto máximo, las fiestas de Navidad.[46][49][41] En los años cuarenta, en los terrenos hoy ocupados por la feria surgieron balnearios con piletas de agua salada (que se había descubierto en la zona durante la rectificación del Riachuelo).[53] La pileta La Noria acabó transformándose en la Feria Urkupiña, mientras que los balnearios Ocean (inaugurado en 1968 por José Gonzalo Pérez, un inmigrante español)[54] y Punta Mogote (del inmigrante español Manuel Presa, funcionaba completamente desde 1967)[55][56] se transformaron en las ferias homónimas.[65][7] Formaban parte de ella inmigrantes bolivianos que inicialmente producían para terceros, pero luego se independizaron.[6][66] Esta creciente organización, eligió como administradores a René Gonzalo Rojas Paz (acompañado por su esposa Mery Natividad Saravia Rodríguez)[64] y Enrique "Quique" Antequera,[67][68][69] llevando en 1991 a la compra, por 240 000 dólares,[70] del antiguo balneario La Noria (propiedad hasta entonces del empresario Alfredo Zawadzki y su socio Miguel Curet).Esto se explica debido a la política monetaria, ya que la diferencia cambiaria permitía adquirir productos el país vecino a precios realmente bajos, y venderlos en Argentina dejaba buenas ganancias.En un principio, la feria contaba con una infraestructura muy pobre (se vendía sobre el césped, sin techo) y se inundaba regularmente,[75] además de sufrir hechos de inseguridad; sin embargo, las condiciones mejoraron con el paso del tiempo.[77] En 1992, se registró formalmente, conformando la sociedad Urkupiña S.A. (con Mery Natividad Saravia Rodríguez y Enrique Esteban Antequera como socios).[9][31][41][74][94] En este momento, se popularizaron además los Clubes del Trueque, en los que las personas intercambiaban productos.[104][105][106] En 2012, se realizó otro desalojo, en esa ocasión solicitado por Acumar para permitir la construcción del Camino de Sirga.[94] La feria crecía enormemente en los últimos años, sobre todo a la sombra de la crisis económica.[115] En abril de 2015, el sector conocido como La Ribera fue desalojado por la policía y sus puestos removidos.[149][105][105][150][151] Los grupos se disputaban el control del área y los diversos negocios allí ubicados, entre otros, la venta de drogas y los estacionamientos, uno de ellos administrado por las Madres contra el Paco, en el que empleaban a adictos en recuperación.[169][170][11][12] El intendente entrante las revocó,[171] y en 2001 logró la Ordenanza 9950, mediante la cual el Concejo Deliberante prohibió las ferias en predios privados cerrados.[103][102][178] En 2010, una ordenanza estableció cobrar 1/43 del sueldo mínimo municipal como tasa a las ferias.[16] Los predios deben pagar ingresos brutos por el alquiler de los puestos, y retener impuestos a los mismos.[181] Sin embargo, distintos operativos realizados por el fisco mostraron que la mayoría de los puestos no estaban al día con sus obligaciones impositivas.[186] Los operativos sorpresa de control generaron incidentes, y los feriantes arrojaron huevos a los enviados del fisco en alguna ocasión.[189][190][191][192][193] En 2017, tras un operativo policial, el gobierno de entonces declaró no buscar cerrar la feria, sino legalizarla.[195] También se acusó a políticos, punteros, policías e inspectores quienes (según dicen) reciben coimas para permitir el normal funcionamiento.Si bien en el texto detallan la dirección de tres talleres registrados mediante cámara ubicados en Capital Federal, la ONG presentó un listado con otros 40 talleres, y distintas fuentes estiman que la misma situación se repite en entre otros 30 000 y 50 000 talleres textiles (de Villa Celina, Burzaco, y Buenos Aires) que producen para La Salada.[104][201] Previamente a la apertura de la causa judicial, la Fundación había presentado la denuncia ante la AFIP.[25][196][201] “Mientras el Estado le quita poder adquisitivo al salario de los trabajadores haciéndolos tributar “ganancias”, omite realizar controles sobre este tipo de talleres regenteados por explotadores inescrupulosos disfrazados de empresarios que tampoco tributan por la actividad que ejercen”, sostuvo la CGT en un comunicado en el que convocaron a los trabajadores a realizar un escrache en la AFIP.
