Feminicidios en el Estado de México
El concepto de feminicidio tiene un alcance como tipo penal en México.
En el año 2000, el gobierno del Estado creó el Instituto Mexiquense de las Mujeres, que estaba destinado a encabezar la política gubernamental dirigida a ese sector de la población.
En 2006 desapareció para integrarse en el Consejo Estatal de la Mujer y el Bienestar Social.
El estado de México se suma a una larga lista de estados con el mayor índice de agresiones contra la mujer, "Entre 2011 y 2013, las entidades que presentan las tasas más altas en homicidios de mujeres son Guerrero y Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Durango, Colima, Nuevo León, Morelos, Zacatecas, Sinaloa, Baja California, y Estado de México[2] en dichos municipios se encuentran poco más de la tercera parte de la población femenina del país, y es en estos donde se efectúan casi las dos terceras partes de los asesinatos contra mujeres, haciendo que en los estados del centro sea más probable sufrir alguna agresión que en los estados del norte del país.
En síntesis, el feminicidio se extiende a más entidades, en sinérgica negativa con el crecimiento de la violencia criminal y otros fenómenos ligados a las transformaciones sociales ocurridas en el último decenio, mientras se mantiene alto en las entidades con la más larga trayectoria histórica.
En 2019 la cifra se actualizó, siendo nueve mujeres asesinadas al día.
Del total de 289 asesinatos cometidos contra mujeres en el Estado de México en el período 2007-2008, 39 víctimas han sido niñas, 44 fueron asesinadas por un familiar, 23 fueron asesinadas en contexto de crimen sexual, 57 fueron muertas por sus compañeros sentimentales, 10 víctimas se dedicaban a ocupaciones estigmatizadas (prostitución, por ejemplo) y de 105 no se especifica la tipología.
Las modificaciones a los códigos refieren que este delito se considerará como violencia de género cuando haya privación de la vida, asociada a la exclusión, subordinación, discriminación, o explotación; cuando ocurra en contra de una persona con quien se haya tenido una relación sentimental, afectiva, o de confianza, laboral o escolar; cuando el agresor haya ejecutado conductas sexuales crueles o degradantes.
