Esta política se vio confirmada con el ofrecimiento que hizo la Dictadura a los nacionalistas gallegos conservadores de una Mancomunidad gallega a cambio de la colaboración con la política del régimen.
Una oferta similar se hizo a los regionalistas valencianos y aragoneses.
Los gobernadores civiles, en su mayoría militares, quedaron encargados de nombrar a sus nuevos miembros entre profesionales liberales, mayores contribuyentes y directivos de corporaciones culturales, industriales y profesionales.
Así quedó reflejado en la nota oficiosa que acompañó a la promulgación del Estatuto Provincial, en la que se mencionaba a la Mancomunidad de Cataluña como un ejemplo del regionalismo «mal entendido»:[7]
Eduardo González Calleja destaca que por primera vez la provincia era definida como administración local, "propiciando un tímido proceso de provincialización corporativa tutelada (frente al rígido centralismo anterior) como criterio prioritario de funcionamiento administrativo".