Estados de Bretaña

Tenían principalmente competencias financieras para establecer el importe de los impuestos, su base imponible, su repartición y su cobro.

[1]​ Herederos de antiguas instituciones ducales, los Estados de Bretaña adoptaron este nombre a principios del siglo XV y se reunieron hasta su abolición por la Asamblea Nacional Constituyente en 1789, al inicio de la Revolución francesa.

[2]​ La base histórica de esta institución reside en el hecho de que los bretones, al igual que otras provincias francesas con estatuto de «País de estados» como el Languedoc, Provenza, el Delfinado o Borgoña, eran considerados «pueblos libres» y que la Corona francesa no podía imponerles ninguna contribución económica sin el consentimiento de sus representantes.

Los efectivos de la nobleza –en representación de las baronías, feudos jerárquicamente superiores en el ducado de Bretaña—[3]​ no estaban limitados y llegaron a contar hasta 500 y 700 diputados a lo largo del siglo XVIII, cuando el clero y el Tercer Estado solo contaban algunas decenas de miembros electos.

[2]​ Los Estados y el Parlamento de Bretaña tenían funciones distintas pero se asociaron en muchas ocasiones, sobre todo en el último tercio del siglo XVII y en el siglo XVIII, para limitar el poder real enfrentándose a las acciones de los representantes (comisarios) de la corona, sobre todo de su intendente.