El gobierno chino ha declarado que se establecieron para brindar a los ciudadanos chinos en países extranjeros asistencia burocrática, como la renovación de documentos, y para combatir el crimen transnacional, como el fraude en línea.
Estos centros se formaron en su mayoría a partir de organizaciones existentes y no tenían autoridad policial.
Además, el grupo afirmó que las estaciones violaron la soberanía de los países anfitriones al permitir que la policía china eludiera las normas y procedimientos de cooperación policial.
[4][6] Por ejemplo, Wang Jingyu, un disidente que huyó de China después de ser atacado por publicaciones en las redes sociales y al que se le concedió asilo en Países Bajos, afirmó que la estación de Róterdam lo había amenazado y enviado mensajes acosadores para obligarlo a regresar a China, con sus padres, que habían sido acosados por el gobierno chino.
[3] Un ejemplo más amplio fue un aviso emitido por una estación en el extranjero operada por el gobierno de Laiyang en Myanmar, que decía que los ciudadanos chinos que estaban allí ilegalmente deberían regresar a China o «habría consecuencias para sus seres queridos», como la cancelación de servicios del estado.