Tras esto, el proyecto presuntamente se sacó sin concurso de ideas previo, ni proceso de licitación, ni expediente de contratación, justificando la subvención a posteriori y realizando pagos por duplicado, que llevaron a un desequilibrio entre construcción del auditorio (47%) y el pago del mismo (85%).
Debido a la condición de aforado del presidente, la juez Andreo pidió al TSJ que asumiera la investigación por ser el órgano competente en esta situación y éste, tras declararse competente para instruir el caso, nombra a Julián Pérez Templado como magistrado instructor.
Así pues, compereció ante el juez por presuntos delitos de fraude, prevaricación, malversación y falsedad documental en el proceso de adjudicación, construcción y recepción del mencionado auditorio en Puerto Lumbreras entre 2006 y 2011, cuando él era alcalde de ese municipio.
[5][6] Durante las investigaciones policiales y judiciales, se encontraron indicios de que el presidente Pedro Antonio Sánchez podría estar involucrado en otro caso de corrupción: la trama Púnica.
Los hechos imputados se remontaban a 2014, y se investigó si Pedro Antonio Sánchez, entonces consejero de Educación, intentó contratar con empresas de la trama trabajos para mejorar su reputación en internet para impulsar su candidatura como cabeza de lista del PP para las autonómicas del año siguiente, si bien los contratos no se materializaron porque la trama estalló antes.