El Dictamen sobre la ilegitimidad de los poderes actuantes en 18 de julio de 1936 fue un informe de discutido valor jurídico,[1] anunciado el 21 de diciembre de 1938,[2][3] en el que se exponían los argumentos jurídicos con los que se justificó la sublevación militar contra el gobierno de la Segunda República Española[4] cuyo fracaso dio origen a la Guerra Civil.
Fue entregado en febrero de 1939[5][6] a Ramón Serrano Suñer, ministro de Interior franquista, encargado de su ejecución.
[a][7][8][9][10] La Comisión sobre Ilegitimidad de Poderes Actuantes en 18 de julio de 1936 estaba compuesta por los siguientes miembros: