[1] La declaración americana de los derechos y deberes del hombre incluye el reconocimiento explícito de varios de estos derechos, como por ejemplo, protección a la familia, maternidad, infancia, salud, educación, cultura, trabajo, descanso, aprovechamiento del tiempo libre, seguridad social entre otros.
[1] El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es el instrumento jurídico que permite presentar reclamaciones al Comité DESC de Naciones Unidas en Ginebra si se entiende que han sido vulnerados o incumplidos los derechos humanos recogidos en los DESC.
Los dictámenes publicados por el Comité DESC de Ginebra se refieren a muchos aspectos pero han sido especialmente relevantes en la defensa del derecho a la vivienda y los derechos de la mujer.
La Declaración Americana reconoce, por lo tanto, los siguientes derechos:[4] Para el Observatorio DESC los derechos económicos, sociales y culturales básicos y principales son los siguientes:[5] Si sostenemos que los derechos sociales son justiciables se puede decir que (3 formas de considerar la justiciabilidad): Para defender un modelo en particular de la justiciabilidad de los DESC se debe entender que la justicia constitucional importa una pérdida importante para el ideal del auto gobierno, que a pesar de dicha perdida, puede haber buenas razones para admitirla, pero de manera restringida, y se debiese concebir formas más débiles de adjudicación (weak adjudictation) de los derechos fundamentales en general, incluidos los DESC.
La Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), creada en 2017, es una oficina autónoma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuya labor se enfoca en apoyar a la CIDH, a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a sus Estados miembros, como al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) y a la sociedad civil, en la promoción, monitoreo y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) en el hemisferio americano.
Este enfoque ayuda a identificar qué acciones políticas se podrían adoptar para mejorar ciertos derechos económicos, sociales y culturales, el costo que implicaría para aplicar esas políticas, y cómo afectaría a las limitaciones presupuestarias del Estado, lo que permite a una ONG proporcionar asesoramiento sobre políticas pertinentes para determinar si el hecho de abordar cuestiones específicas se debe a la falta de recursos.