Derecho laboral en Estados Unidos
El derecho laboral en Estados Unidos es una colección heterogénea de leyes federales y estatales.
La ley federal no solo fija las bases que determinan los derechos de los trabajadores a sindicalizarse en el sector privado, pero también invalidan la mayor parte de las leyes locales y estatales que quieran regular esta área.
Estas leyes federales, no obstante, no aplican a empleados de gobiernos estatales y municipales, agricultores o empleados domésticos; cualquier protección legal que tengan estos trabajadores proviene de la ley estatal.
La ley federal establece un salario mínimo y derecho a horas extra en la mayor parte de los trabajadores tanto del sector público como el privado; la ley estatal y municipal pueden proveer derechos más abarcadores.
Finalmente, tanto la ley federal como la estatal protegen a los trabajadores de discriminación laboral.
Algunos estados, sin embargo, particularmente los del Sur, ilegalizan que cualquier entidad gubernamental entable convenios colectivos de trabajo con un gremio.
Finalmente, la NLRA no cubre a los empleados en las industrias ferroviarias y de aerolíneas.
La RLA crea una estructura completamente distinta para resolver disputas laborales, requiriendo negociaciones bajo supervisión gubernamental indirecta y permitiendo huelgas en una cantidad limitada de circunstancias.
La NLRB posee jurisdicción exclusiva para determinar si un empleador ha cometido prácticas injustas de trabajo y para decidir qué remedios deben ser provistos.
La FLSA no excluye a los gobiernos estatales y municipales de que provean mayores protecciones en sus propias leyes.
La Family and Medical Leave Act,[5] aprobada en 1993, requiere que los empleadores otorguen a los trabajadores con hasta doce semanas de licencia por enfermedad y continuación de la cobertura médica para atender a parientes cercanos o ellos mismos.
La Occupational Safety and Health Act[6] (OSHA), promulgada en 1970 por el Presidente Richard Nixon, crea estándares específicos para la seguridad laboral.
El Congreso adoptó prohibiciones contra la discriminación racial durante la Segunda Guerra Mundial, pero no se aprobaron prohibiciones generales hasta que se aprobó el la Ley de Derechos Civiles de 1964,[7] que prohibió toda discriminación laboral basada en raza, género, nacionalidad y religión.
Un número de gobiernos estatales y municipales también han promulgado estatutos que expanden los derechos de la ley federal, ya sea ofreciendo mayores protecciones, o legislando en áreas que la ley federal no cubre, como la discriminación basada en la orientación sexual o estado civil.
