El funcionario dispone de 10 días hábiles para conceder una respuesta a la petición, lo cual no significa que en esos días se deba destinar o negar el derecho, pero sí como mínimo que se le informe sobre este.
Este derecho está reconocido en el artículo 29 de la Constitución Española y en la Ley orgánica 4/2001.
[2] Este derecho tiene como fin reclamar ante las autoridades una acción específica en cumplimiento de sus funciones y deberes legales.
Organizaciones no gubernamentales tales como Amnistía Internacional a menudo utiliza peticiones en un intento por ejercer autoridad moral en apoyo de diversas causas.
También está tipificado en el ordenamiento jurídico, El Derecho de Petición como mecanismo entre particulares, ya sean personas Naturales o Jurídicas que buscan crear, exigir o extinguir una obligación, siempre y cuando se haga en justo derecho y en el marco legal establecido en la Constitución.
En esta ley se muestra el alcance, objetivo, requisitos y tiempos de respuesta.