En este sentido, la Defensoría Penal Pública responde a la necesidad de garantizar el derecho de las personas a contar con un abogado defensor.
La Defensoría realiza sus acciones bajo el lema “Sin defensa, no hay justicia”.
Han ocupado este cargo: Para cumplir su labor, la Defensoría Penal Pública atiende a quienes requieran de sus servicios en todo Chile, a través de sus 16 Defensorías Regionales.
Los defensores locales asumirán la defensa de los imputados que carezcan de abogado en la primera actuación del procedimiento dirigido en su contra y, en todo caso, con anterioridad a la realización de la primera audiencia judicial a que fuere citado.
Asimismo, la asumirán siempre que, de conformidad al Código Procesal Penal, falte abogado defensor, por cualquier causa, en cualquiera etapa del procedimiento.
Conforme a la ley 19.718, la defensa penal puede ser ejercida directamente por la Defensoría mediante sus defensorías locales, o encargar a personas o instituciones privadas esta labor, para lo cual la DPP realiza licitaciones en las que participan, además del Defensor Nacional, una comisión nacional de licitaciones y en cada región un comité de adjudicación.
Tiene por fin fundamental elegir a las personas e instituciones que prestarán la defensa penal licitada.