En octubre de 2012, durante la campaña electoral previa a las elecciones autonómicas, Artur Mas propuso que la pregunta fuera «¿Usted desea que Cataluña sea un nuevo Estado de la UE?»[11] Sin embargo su socio en CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, líder de UDC, se opuso tres meses después a que la consulta únicamente ofreciese la independencia como alternativa al estatus actual.
[14] Finalmente, en diciembre de 2013 CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP alcanzaron un acuerdo para formular una pregunta con dos apartados en el referéndum: «¿Quiere que Cataluña sea un Estado?» y «En caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente?».
[20] Partidos políticos como el Partido Popular o Ciudadanos niegan que el artículo 150.2 de la Constitución —que permite la transferencia o delegación a las autonomías de responsabilidades del Estado español— sirva para convocar un referéndum, mientras que los partidos pro-independencia catalanes se oponen a esta interpretación;[21] Núria de Gispert, presidente del parlamento catalán, opinó en enero de 2014 que un referéndum consultivo sí podría tener «encaje constitucional» sobre la base del artículo 150.2.
[22] Incluso el sindicato Manos Limpias se querelló contra Artur Mas por la presunta comisión de los delitos de prevaricación, desobediencia a la autoridad judicial, rebelión y sedición durante el proceso soberanista catalán.
Se consideró la manifestación más multitudinaria hasta la fecha en Cataluña,[24] estimándose el número de asistentes entre 600 000 (Delegación del Gobierno, diario El País) y 2 000 000 (organizadores).
CiU volvió a ser la fuerza política más votada, si bien bajó en número de escaños.
El gobierno de Mariano Rajoy anunció que la recurriría ante el Tribunal Constitucional por invadir las competencias del Estado.
El dictamen señaló que la ley está amparada por el artículo 122 del Estatuto de Autonomía catalán y, por tanto, no viola la Constitución.
Los 5 juristas que votaron a favor fueron los propuestos por CiU y ERC al principio de la legislatura.
Por su parte, el portavoz de CiU, Josep Rull, afirmó que la ley «encaja plenamente en la Constitución y en el Estatuto».
[6] Con este fin, el Gobierno catalán se comprometió a financiar e impulsar lo que redenominó como «proceso participativo».
[62] Asimismo, se optó por brindar las sedes públicas para votar y se requiso a funcionarios del Departamento de Educación para que prestasen una participación voluntaria en el control de esas sedes electorales.
El mismo Barómetro pregunta a los catalanes «¿Cree que Cataluña habría de ser...?».
[68] Una vez anunciada la pregunta y la fecha del referéndum, el GESOP fue el primero en realizar un sondeo.
El auge del soberanismo catalán ha sido relacionado de modo habitual[110][111][112] con el tratamiento que la prensa le ha dado.
"Se diría que la prensa española percibió un desafío a la legalidad y al orden establecido por parte de las instituciones catalanas, que pasó inadvertido a la propia prensa catalana".