Los países de Centroamérica iniciaron su vida constitucional al redactarse en Cádiz (España), la Constitución de 1812, que rigió en el territorio centroamericano de 1812 a 1814 y de 1820 a 1821.
Al producirse la separación de España, proclamada en septiembre de 1821 por las provincias de Guatemala (que incluía a El Salvador) y Honduras y en octubre por la provincia de Nicaragua y Costa Rica, se decidió mantener temporalmente en vigencia la Constitución de 1812, aunque en diciembre de 1821 Costa Rica emitió la suya propia, el Pacto de Concordia.
La vigencia provisional de la Constitución de 1812 continuó durante la breve anexión de Centroamérica al Imperio establecido en México por don Agustín de Iturbide (1822-1823), ya que el Reglamento Político del Imperio Mexicano, aprobado el 10 de febrero de 1823, no llegó a ser conocido en Centroamérica.
La Constitución de 1824 estuvo teóricamente vigente hasta la disolución de la Federación en 1838-1839, aunque en múltiples oportunidades sus preceptos fueron letra muerta: por ejemplo, de 1826 a 1829 los órganos legislativos no funcionaron y en 1829 el gobierno del Presidente Manuel José de Arce y Fagoaga fue derrocado.
En 1835 el Congreso federal aprobó un ambicioso plan de reformas constitucionales pero solamente lo aprobaron Costa Rica y Nicaragua y en consecuencia no entró en vigor.