Uno de sus grandes impulsores fue el político nacionalista Wilson Ferreira Aldunate.

Según el artículo 2 del decreto del 27 de enero, sus cometidos serían “formular planes orgánicos de desarrollo económico, proyectar y buscar su financiación interna y externa, coordinar toda labor tendiente a aumentar la productividad nacional y vigilar la puesta en práctica de los planes que se apruebe”.

Según el mismo decreto (artículo 3), todos los organismos debían hacer llegar a la CIDE las ofertas de préstamos que recibieran así como informarle sus proyectos o planes de obras públicas o inversiones en bienes de capital, para que aquella pudiera lograr la coordinación pertinente.

Sus integrantes, expertos de origen nacional y extranjero –fundamentalmente chilenos- asistidos por técnicos uruguayos –muchos de ellos estudiantes avanzados de economía- eran “funcionarios con experiencia, alto nivel técnico y extraordinaria vocación por la “misión” del desarrollo latinoamericano” (Garcé 2002: 51).

La CIDE produjo dos documentos fundamentales: el Estudio económico del Uruguay (1963), un diagnóstico global de la crisis que entonces afectaba a la situación económica y social del Uruguay y El Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social (1965-1974).