Sus principales objetivos se basan en defender los derechos de las personas refugiadas, apátridas o migrantes que necesitan protección internacional o se encuentran en riesgo de exclusión social.

Principalmente procedían de Uruguay, Chile y Argentina, países sometidos a dictaduras militares que suprimieron las libertades y conculcaron de manera sistemática los derechos humanos.

CEAR inició su andadura con profesionales que eran principalmente personas refugiadas, como el abogado argentino Andrés López y la letrada uruguaya María Elena Martínez, mientras que Liliana Píriz y la argentina Carmen de la Cruz formaron el primer equipo de acogida.

[6]​ La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y France Terre d’Asile avalaron a CEAR, que pronto se vinculó también al Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados (ECRE).

Intervino en Guatemala, Oriente Medio (Jordania, Líbano y territorios palestinos ocupados), en el Sáhara Occidental, con las personas desplazadas afectadas por las inundaciones en Mozambique y en la defensa de las víctimas del genocidio en Ruanda.

[12]​ En 1997, se constituyó la Fundación CEAR, que en su primera etapa presidió Adolfo Suárez, expresidente del Gobierno de España.

Asimismo, ha denunciado las políticas migratorias europeas que impiden llegar a estas personas a través de vías legales y seguras para evitar muertes en rutas como el Mediterráneo, en la que más de 38.000 migrantes han perdido la vida este siglo.

[16]​ En los últimos años, ha reclamado a los países europeos que cumplan con sus compromisos de reubicación y reasentamiento, un mecanismo de solidaridad por el cual se traslada a las personas refugiadas desde los principales países de llegada al continente europeo (Italia y Grecia) y desde países vecinos a crisis humanitarias como las de Siria (Líbano, Jordania o Turquía, principalmente).