Funcionaba con calabozos distribuidos en varias hectáreas, con el propósito de desaparecer personas mediante acciones deshumanizantes con la finalidad de humillar, agredir física y emocionalmente, donde el racismo y homofobia eran parte del diario vivir.
La Zona 4 estaba bajo la responsabilidad del Comando de Institutos Militares.
Se llegaba a El Campito por una calle de tierra arbolada.
Anteriormente habían sido usados como caballeriza y cuadra para los soldados durante las maniobras militares.
El general Martín Balza informó que el Ejército tenía un reglamento para establecer el procedimiento con los niños de los detenidos-desaparecidos y en especial los nacidos en cautiverio, que está tomado de uno similar del Ejército de los Estados Unidos que pudo haber sido usado en Vietnam (Veiras).
Las mujeres detenidas-desparecidas que se encontraban embarazadas eran mantenidas con vida.
Abel Madariaga sostiene que el bebé fue anotado con el nombre Pablo Bianco.
Los niños, permanecieron en Paraguay y ambos se casaron siendo adolescentes para adquirir la mayoría de edad.
Se oponen terminantemente a realizarse exámenes de ADN.
El Campito se caracterizó por el uso de perros para torturar, controlar y aterrorizar a los detenidos.
Este dispositivo digital es una pieza clave para comprender las características de la represión en la Zona Norte del Gran Buenos Aires durante la última dictadura, y para contribuir a mantener viva la memoria de las violaciones a los derechos humanos.
Entre ellos Mario Roberto Santucho, Jorge Benito Urteaga y Domingo Menna.
También algunos testigos declararon que María Adelaida Viñas, hija del escritor David Viñas y la artista plástica ítalo-argentina Adelaida Gigli, estuvo retenida en este centro clandestino de detención, en el año 1977 y que aquí habría sido asesinada.
Se han presentado proyectos para establecer allí un polo logístico, crear centros de estudios terciarios y universitarios, mantenerlo como reserva ecológica.
Cada año se organizan manifestaciones públicas y actos de memoria en diversas instalaciones del campo, coordinadas por instituciones públicas, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales.