El Caso Antipulpo es el nombre utilizado por la Procuraduría General de la República Dominicana para denominar el proceso judicial originado a raíz de la autodenominada Operación Antipulpo[1] que a su vez es un proceso de investigación liderado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) en el cual se persigue y busca condenar una presunta red de corrupción aparentemente encabezada por Juan Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, a quién acusan de malversar fondos estatales por al menos RD$4,000 millones (US$68.6 millones) desde el 2012 hasta el 2020.
[2][3] Tanto esta operación, este caso así como otros llevados a cabo por el Ministerio Público de la República Dominicana, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y liderados por los magistrados Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso en contra de funcionarios del gobierno de Danilo Medina y simpatizantes del Partido de la Liberación Dominicana han sido objeto de cuestionamientos en cuanto a su imparcialidad,[4][5][6] el interés mediático,[6][7][8] faltas al debido proceso y abuso de la prisión preventiva,[9][10][11][12][13][14][15] siendo catalogada por algunos como una persecución política.
Como resultado de dicha operación resultaron apresados: El Ministerio Público presentó la solicitud de medida de coerción por ante el Juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, magistrado José Alejandro Vargas.
A pocas horas de finalizar el plazo establecido en el debido proceso, quién posteriormente el 1 de diciembre de 2020 conoció dicha solicitud y aplazó el conocimiento de la misma para el domingo 6 de diciembre[29] de ese mismo año, convenido con todas las partes debido a que algunos imputados no se encontraban preparados para conocer la misma.
El conocimiento de esta medida debía ser un proceso relativamente sencillo y rápido, sin embargo, se terminó extendiendo por un total de 28 horas divididas en tres días.