Su nombre se debe a que los hechos fueron denunciados por Rafael Terán Hidalgo, funcionario del Ayuntamiento de dicho municipio.
Por acuerdo plenario, la demanda fue elevada, por la vía contable, al Tribunal de Cuentas en la última legislatura del alcalde Agustín Cuevas, que terminó en 1999.
El tribunal eximió al demandante, el Ayuntamiento, del pago de las costas procesales, teniendo en cuenta que los hechos, aunque prescritos, habían sido probados.
Las peticiones del fiscal eran las siguientes: Sin embargo la vista oral no llegó a celebrarse nunca, porque los abogados defensores de los procesados alcanzaron con el fiscal un acuerdo, por el cual todos los procesados aceptaron en la audiencia su culpabilidad por haberse apropiado de caudales públicos.
En cambio sobre Agustín Cuevas Batista pesaba la sentencia firme por el Caso Sanlúcar, que ya le había condenado a 1 año y medio de prisión.