Caso Satya

El problema surgió cuando a la niña se le negó la inscripción con los apellidos de sus dos madres: Helen Bicknell y Nicola Rothon, una pareja de mujeres inglesas residentes en Ecuador que llevaban catorce años juntas en ese momento.Rothon y Bicknell llevaban 14 años de relación al momento del nacimiento de Satya y se habían registrado legalmente como pareja en el Reino Unido en 2010.En este último proceso previo a la emisión de sentencia se aclararon los argumentos del caso, basados en el principio del interés superior de la niña que actualmente tiene 6 años y la vulneración de sus derechos para que las juezas y jueces emitan una resolución final.[7]​ El director de la Defensoría del Pueblo, José Luis Guerra, fue parte de la defensa del caso y en su intervención expuso argumentos a favor  respondiendo al pedido que ellos desde la Defensoría interpusieron hace un año.[7]​ La audiencia finalizó, pero no hubo un dictamen final de la Corte Constitucional.