Con el gobierno de Vicente Rocafuerte en 1835 se impulsaron las primeras normas que trataban sobre el denominado «enjuiciamiento civil».

Un cuerpo legal reunió varias de estas disposiciones en 1846, el mismo que fue reformado en 1854.

En 1938, bajo la administración del general Alberto Enríquez Gallo —en calidad de jefe supremo del país—, se expidió un nuevo cuerpo legal que utilizó por primera vez la denominación «Código de Procedimiento Civil».

Las modificaciones requeridas por la norma constitucional se efectuaron en varias materias, sin embargo, quedaron pendientes en el procedimiento civil.

En el 2007 una Asamblea Constituyente redactó la actual constitución ecuatoriana, incluyendo la disposición por la cual todas las normas jurídicas infraconstitucionales (leyes orgánicas y ordinarias, decretos, ordenanzas, etc.) deberían reformarse (o inclusive derogarse) para ajustarse al texto constitucional.