Aunque convocada como Asamblea Nacional, se declaró ella misma Constituyente siguiendo la lógica de su cometido.

Según el mismo Hurtado, "aportó con instituciones y normas para mejorar la calidad del sistema democrático, facilitar la gestión de los gobiernos, reducir los conflictos políticos, otorgar estabilidad política y económica y proporcionar a la empresa un horizonte de largo plazo.

Gracias a ella, el sector privado, por su parte, tendrá una mayor participación en las actividades productivas y en la prestación de seguridad y confianza para realizar sus inversiones".

Según el mismo Hurtado, "en la historia moderna del Ecuador, no existe una Constitución que, como la expedida por la Asamblea Constituyente, haya restringido tanto las atribuciones del Congreso Nacional, y, como consecuencia, fortalecido la autoridad del presidente de la República".

Concedió autonomía administrativa y económica al Tribunal Constitucional, sentó sin duda alguna la supremacía de la Constitución sobre las leyes y otras normas jurídicas, y sentó como norma de prudencia que la Constitución no podía ser reformada sino mediando un año entre la primera y segunda discusión de un proyecto de reforma.