El penal contaba con una lavandería, una cocina y panadería propia con equipamiento de alta calidad.
Durante su tiempo en este recinto, los presos políticos se encontraban en una situación de severas restricciones, ya que no tenían permitido recibir visitas de sus familiares ni participar en actividades laborales.
Estos hechos están ampliamente reconocidos por investigaciones académicas, memorias, informes oficiales, demandas judiciales y testimonios de sobrevivientes.
Desde 1991 continuó su uso carcelario hasta la inauguración en 2007 del nuevo recinto en el Fundo Llancahue.
Este traspaso tiene como objetivo principal que la infraestructura se convierta, en un futuro, en un espacio destinado a la cultura y la memoria.
Durante la ceremonia, se instaló una placa conmemorativa que rinde homenaje a los acontecimientos ocurridos en el lugar, sirviendo como un recordatorio tangible de las violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar en ese contexto.
La designación como Monumento Histórico Nacional tiene como objetivo preservar la memoria de los eventos ocurridos en este lugar y promover su conservación para las futuras generaciones.