El presidente Virgilio Barco propuso en 1988 iniciar un proceso para reformar totalmente la Constitución de 1886, la cual durante su siglo funcional, había sufrido sucesivas reformas parciales; según Barco, se requería de una reforma más profunda para sentar las bases de un nuevo acuerdo político en el país.

A pesar de que la reforma la dirigían estos dos partidos, la comisión preparatoria realizó cinco audiencias públicas convocando diferentes organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales.

Tales organizaciones llevaron 523 propuestas, de estas difícilmente se podría extraer un proyecto político o modelo económico común, pues en su mayoría constituían reivindicaciones corporativas o sectoriales.

Los máximos líderes del MSN y la AD M-19, Álvaro Gómez Hurtado y Antonio Navarro Wolff representaron a sus colectividades en la Presidencia, mientras que el representante liberal surgió de un acuerdo entre los tres constituyentes con mayor votación (Horacio Serpa, Jaime Castro y Carlos Lemos), siendo elegido Horacio Serpa.

Así, mientras algunos dirigentes del liberalismo (Diego Uribe Vargas), el conservatismo (Juan Gómez Martínez) e independientes (Jaime Fajardo Landaeta) promovieron la prohibición de la extradición por no ser un trato digno para los colombianos, otras voces como la de Iván Marulanda rechazaron la prohibición por considerarlo una cesión a los narcotraficantes y algunos más, como María Mercedes Carranza argumentaban que no había garantías para debatir el tema.